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Sentencia caso Odebrecht ponderó la protección de la sociedad y el interés público

SANTO DOMINGO. Los elementos de arraigo y la falta de peligro de fuga no bastaron para evitar que se impusiera prisión preventiva contra 8 de los imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht, ya que el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, ponderó, además, la protección de la sociedad y el interés público.

En su resolución, el magistrado estableció que ha de ponderar el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción; “más aún, cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social y democrático de derecho”.

Indicó que los justiciables son susceptibles de imposición de medidas de coerción, en razón de que los elementos probatorios sometidos por el Ministerio Público son suficientes para sustentar, con probabilidad razonable, las circunstancias exigidas por la norma vigente.

Estimó atendibles los presupuestos (las pruebas) presentados por el Ministerio Público con relación a cada imputado. En el caso de Juan Temístocles Montás, exministro de Economía y Planificación, quien se desempeñaba como secretario Técnico de la Presidencia, que habría recibido sumas de dinero por parte de Ángel Rondón Rijo para asegurar la tramitación y el financiamiento de los préstamos de forma ágil. Además de que la Constructora Norberto Odebrecht le hizo aportes para su campaña de precandidato a la Presidencia de la República Dominicana en los años 2008, 2012 y 2016.

Rondón Rijo habría sobornado a funcionarios y legisladores con la finalidad de beneficiar a Odebrecht en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana, siendo el principal eslabón en la cadena de sobornos.

Víctor José Díaz Rúa, por su presunta participación en obras como Casabito, Autovía del Coral, Corredor Duarte, Acueducto de Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal, habiendo recibido sumas millonarias de parte del imputado Rondón Rijo, mientras se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y luego como Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Que recibió sumas millonarias y tuvo un incremento injustificado de su patrimonio.

César Domingo Sánchez Torres, en calidad de administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), habría firmado el contrato de fecha 30 de octubre de 2002, con Odebrecht, para la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Pinalito; en violación de la Ley No. 322 de 1981, al no asociar en ese momento, a la empresa extranjera, con una nacional, para poder participar en el concurso y sorteo de dicha obra; y una vez asegurada la obra, procedió a firmar una adenda al contrato.

Porfirio Andrés Bautista García, como senador por Espaillat y varias veces presidente del Senado, habría influido en la aprobación y ejecución del Acueducto de la Línea Noroeste, diligenciando la aprobación del contrato de ejecución de esa obra, así como el aumento de su costo como supuestas complementaciones para su terminación. Además, habría influido y gestionado la aprobación de los proyectos Hidroeléctricos Pinalito y Palomino; así como el Acueducto Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal, en su condición de funcionario público para disminuir el plazo de su aprobación.

Ruddy González, en su condición de diputado y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, habría influido en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II. Apoyó en las diligencias para la aprobación de acuerdos de financiamiento de dichas obras, y viabilizó todos los proyectos que se conocieron en su gestión, para recibir sumas de dinero de parte del imputado Rondón Rijo.

Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, habría influido en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito.

Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, habría estado involucrado en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II. Además de actuar, según la imputación, como interpósita persona del imputado Díaz Rúa, quien habría firmado un contrato disfraz de consultoría. Asimismo, habría hecho posible la transformación y cesión de la obra Autopista el Coral a la constructora a cambio del 1.25% del valor total de la obra, y que por tanto responde a los intereses de la constructora, y habría sido la misma persona que en fechas 26 de febrero y 21 de abril del 2009.

La decisión aduce que las réplicas de las defensas no bastaron para restar crédito a los elementos presentados por el Ministerio Público.

Detalles de la decisión

En su decisión, el juez dispuso el desglose del proceso en cuanto al imputado Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país, toda vez que se encuentra en libertad, y que no fue debidamente citado, para que el Ministerio Público proceda en su caso conforme a la Constitución y las leyes.

Precisó que como los legisladores y el entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo tienen jurisdicción privilegiada, arrastraron a esa instancia a los demás imputados. Además, en cuanto a las excepciones e incidentes interpuestos por las barras de la defensa, los mismos fueron rechazados. Se otorgó un plazo de 8 meses al Ministerio Público para concluir con el procedimiento preparatorio del expediente.

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